Sordonautas

EL 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que persigue, entre otros objetivos, la sensibilización social y el apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de dichas personas. En este día conviene recordar que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en diciembre de 2006 la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad que obliga a enfocar de manera integral la discapacidad, como garantía para el disfrute de los derechos humanos de este colectivo.

España ha sido, desde el primer momento, uno de los países que han liderado e impulsado este tratado junto al movimiento asociativo de la discapacidad a través del CERMI, siendo el Gobierno de España uno de los primeros que firmaron dicha convención y su protocolo facultativo. El pleno del Congreso aprobó por unanimidad el texto de ambos documentos, que fueron depositados en la sede de la ONU el tres de diciembre de 2007, entrando en vigor en nuestro país el pasado 3 de mayo. Es un avance decidido desde el derecho internacional para impulsar a todos los países a reconocer en sus legislaciones nacionales los derechos de las personas con discapacidad.

La joven democracia española ha sido pionera en materia legislativa en torno a la discapacidad. El artículo 49 de nuestra Carta Magna inició un esperanzador camino en el reconocimiento de sus derechos. Desde la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) de 1982, hasta la reciente Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de Dependencia de diciembre de 2006, hemos ido avanzando de manera colectiva en esta tarea junto al movimiento asociativo del sector y sus familias. El Gobierno socialista ha realizado un esfuerzo sin precedentes en el reconocimiento de nuevos derechos de ciudadanía para las personas con discapacidad, con la aprobación en la anterior legislatura de leyes como la mencionada; la ley de reconocimiento de las lenguas de signos españolas y el apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas; la ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como con el reconocimiento de medidas de acción positiva de manera transversal en numerosos textos legales.

Para hacer efectivos los derechos reconocidos se está desarrollando el Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en todas las comunidades autónomas. Desde enero de 2007, que entró en vigor la ley, más de 650.000 personas mayores y con discapacidad que no pueden valerse por sí mismas, han solicitado el reconocimiento de los derechos que la misma contempla. El Gobierno de España ha destinado a este fin partidas presupuestarias por encima de las previstas en la memoria económica de la Ley.

Otros objetivos prioritarios son la accesibilidad y el empleo. Es imprescindible aumentar las tasas de actividad laboral que son muy bajas entre las personas con discapacidad, especialmente en el caso de las mujeres de este colectivo. Con este fin el Gobierno aprobó recientemente la Estrategia Global de Acción para el Empleo de personas con discapacidad que se desarrollará entre 2008 y 2012, que contará con una inversión de 3.700 millones de euros y que constituye una herramienta muy importante para promover la inserción laboral, garantizar la calidad del empleo y dignificar las condiciones de trabajo.

Desde el Gobierno de España, con la participación de las asociaciones representativas del sector, se está trabajando en el III Plan de Acción para las Personas con Discapacidad, que se inspira en los principios de, no discriminación; igualdad de oportunidades; normalización y vida independiente; participación e integración; igualdad entre mujeres y hombres; accesibilidad universal y diseño para todas las personas; transversalidad y diálogo civil

En este día de celebración, tenemos que ser conscientes de que aún nos queda camino por recorrer para superar las desventajas a las que tienen que enfrentarse las personas que por su diversidad funcional no pueden disfrutar de los mismos derechos y oportunidades. Pero tenemos motivos para estar esperanzados, existe voluntad política, se están disponiendo los medios que permitan desarrollar la legislación que en esta materia hemos venido aprobando, y sobre todo somos conscientes de que esta es una tarea de todos y de todas, que no podremos lograrla si no lo hacemos conjuntamente todas las administraciones del Estado junto a la sociedad civil que representa a las personas con discapacidad. Juntos podemos.

Feunte: GranadaHoy